3. La interacción horizontal y vertical
Como señala Leonardo Polo: “Si la consistencia de una sociedad es precisamente la ética, la disminución de la libertad da lugar a alternativas negativas. Gobernar obliga entonces al uso de la fuerza. Como remedio de la inconsistencia social, la fuerza posee una limitada eficacia, porque en ella no reside la esencia del gobierno, que es la coordinación de las alternativas".
El Estado, por tanto, debe procurar la interacción de dos corrientes diversas:
a) Una interacción -que podríamos llamar “vertical”- entre la estructura política, la estructura social, la base comunitaria (y también su estructura) y el plano estrictamente individual. Para que el resultado de esta interacción sea la realización del bien común y no la simple confrontación de intereses sectoriales es necesario que se desarrolle sobre novedosos canales de comunicación y acción como luego veremos.
b) Otra interacción de tipo “horizontal” que permita el diálogo de las diversas alternativas culturales que existen en cada uno de esos planos o niveles.
El desafío es descubrir una fórmula que nos permita la personalidad en la comunidad, la iniciativa privada en el orden social, la diversidad que caracteriza a lo social en el marco siempre proclive a unificar, de lo político.
No es la intención subsumir a todos estos ámbitos dentro de la política. Sí, asegurar desde lo político y con diversa intensidad según la posibilidad nuevos canales para el desarrollo de relaciones institucionales entre los individuos y entre los grupos sociales y comunitarios, y también entre ellos y el Estado. El resultado final es un todo, pero sin que las partes pierdan su jerarquía. Al final de cuentas, como sostenía San Agustín, el orden sólo puede darse con elementos distintos.
La fórmula de unidad social que aquí se propugna no es por tanto un unitarismo, la unidad de lo diferente, sino más bien la integración de lo diferente. Dicha integración responderá en cada caso a la naturaleza del problema en cuestión y a las posibilidades que surja del entendimiento.
En principio puede decirse que las decisiones de lo político serán obligatorias respecto de lo que señale el criterio de naturaleza y también en aquellos tópicos que los otros dos criterios -cultural y racional- hayan señalado como tales. Pero allí no se agotan las posibilidades de lo público. El Estado puede ser co-operante en lo que haya de común con otros actores, en la consecución del bien común, sin que ello suponga mancillar el principio del respeto y la tolerancia por la diversidad social.
Un ejemplo hipotético elemental de una acción desarrollada desde lo político en este marco de posibilidad, nos aclarará un poco la propuesta que puede presentarse hasta aquí confusa -soy consciente de ello-. Imaginemos un gobernante preocupado por la violencia social, la drogadicción y los problemas que se presentan por el crecimiento demográfico. En los límites políticos actuales lo único que podría hacer es alentar la sanción de una Ley por cada tópico y gastar un dineral en campañas y controles. También podría generar una dependencia pública burocrática e ineficiente que no lograría mayores resultados...
En nuestra teoría, el gobernante sabiendo que en lo profundo de todas estas problemáticas, se encuentra presente la crisis de la familia y la incomunicación entre padres e hijos, considera prudente encarar una solución real y no sólo formal de la cuestión. No puede sacar un edicto que obligue al diálogo y a superar las diferencias, ni tampoco contratar un ejército de asistentes sociales que vayan casa por casa atendiendo la cuestión. Pero lo que sí puede hacer, es convocar a todas las iglesias de diversos cultos que trabajan en la comunidad, tanto como a las instituciones intermedias relacionadas, para proponerles una acción coordinada, con el apoyo oficial y la fuerza de sus voluntarios.
Más aún puede instituir un pequeño foro de reunión permanente y co-operar en la organización de una campaña desde los colegios oficiales y privados. Por último puede establecer un día del año para celebrar la “Fiesta de la Familia” -por llamarla de algún modo-, y convocar a empresarios del turismo ofreciéndoles promoción en otros lugares, para que se convierta en una fiesta que trascienda los límites de la ciudad...
El ejemplo podría continuar: convocando a las universidades públicas y privadas con el ofrecimiento de financiación para organizar un gran congreso para el estudio de los problemas de la familia y traer a los máximos exponentes mundiales... y si las posturas respecto al deber ser de una familia son contradictorias, organizar un simposio en el que la comunidad pueda escuchar, al menos, las visiones encontradas.
Como se puede ver el bien común exige que los problemas sociales sean enfrentados por la política en el plano donde asienta su raíz, aunque ello no supone avasallar las “competencias” naturales que vertebran el orden social. En su ámbito propio ordena, en el social y comunitario sugiere, coordina y coopera, en el individual posibilita y alienta.
4. ¿Qué posibilidades tiene la interacción?
Las posibilidades de la interacción comunitaria en este ámbito de posibilidad son infinitas. Su condición es la voluntad de acuerdo que manifiesten los diferentes actores y la capacidad de los dirigentes de actualizar esa voluntad en proyectos institucionales concretos.
En este sentido, nuestra región latinoamericana muestra ventajas evidentes con respecto a otras. En toda Latinoamérica la capacidad de diálogo en un plano moral de los diversos sectores puede ser mucho mayor que en sociedades como la europea o la americana. Hay una idiosincrasia común, con valores comunes muy fuertes y muy homogéneos, que marca e identifica a todas las personas que conviven en nuestros países.
Esa idiosincrasia permite acuñar fundadas expectativas sobre los resultados que puede arrojar una interacción social y comunitaria. No niego la diversidad y las particularidades de cada grupo y de cada país, pero sí sostengo que el sustrato común permite -si se trabaja tras ese objetivo- una unidad en la diversidad. Las posibilidades de esta interacción, cuando existe un basamento común, son -insisto- inimaginables. Soy consciente sin embargo -como contracara- que pueden presentarse, problemas en el diálogo entre los protagonistas a causa de las notorias diferencias económicas que caracteriza también a esta región y la falta de una cultura de respeto por las instituciones que es evidente.
Confiar, compartir, honrar, cooperar, solidaridad fraterna y acción comunitaria entre muchos otros, son conceptos que en los rígidos moldes liberales de la política, o en los burocráticos e híbridos moldes socialistas o socialdemócratas, no podían ingresar al ámbito público, al menos no de modo oficial y estructurado. Este plano de posibilidad los incorpora respetando su naturaleza.
Nuevamente Carlos Bresser Pereyra:
“La solidaridad, el compromiso, la cooperación voluntaria, el sentido del deber, la responsabilidad por el otro son todos principios que tienden a caracterizar las organizaciones sin fines de lucro, y en términos más amplios a la ‘comunidad’ en tanto mecanismo de asignación de valores, diferenciable del mercado, basado en la competencia y el Estado fundado en el poder coercitivo”.
La modernidad como vimos, ha confinado los conceptos enumerados a la esfera privada. En el esquema de la interacción comunitaria, por el contrario, se les permite una proyección a lo público y por su intermedio a toda la comunidad, sin violentar por ello valores democráticos como la tolerancia o la pretendida neutralidad. Lo político no obliga a aceptar estos conceptos, que en verdad son valores, no utiliza su aparato coercitivo, pero sí posibilita desde lo público que todos los ciudadanos que lo deseen, puedan hacerlos suyos.
Ahora bien: ¿Cómo evitar que la suerte de los acuerdos alcanzados en este nuevo ámbito no se vean afectados por cambios de gobierno o por otras contingencias políticas, sociales o comunitarias?
En primer lugar debemos recordar que los acuerdos se desarrollan sobre ideales y tópicos que están incorporados en la cultura política de esa comunidad. Los problemas que intenta solucionar, de seguro no pueden ser aquellos que constituyen los tópicos políticos del momento porque, en las actuales sociedades contemporáneas, esas cuestiones se presentan siempre como polémicas y conflictivas. Sin embargo, aunque fueran esos tópicos los que se lanzan al ruedo del ámbito de posibilidad, es importante tener siempre presente que las ideas y las buenas intenciones en lo que hace a lo público necesitan ser institucionalizadas en todos los casos.
Se puede decir que una idea que no es institucionalizable no es una idea política sino simplemente un ideal. Las ideas y los proyectos políticos, una vez institucionalizados, se convierten en funciones de esa institución y de ese modo se actualizan en la vida política y se independizan en cierta medida de su contingencia.
Si todas las ideas fueran contradictorias entre los diversos sectores y no se pudiera acordar un proyecto acabado y mucho menos una institución, igualmente es importante que se deje establecido (en cierta medida que se “institucionalice”) en sendos documentos los puntos contradictorios y aquellos que no lo son. De esta forma se deja preparado el terreno, hasta la medida de lo posible, para una posterior acción política.
En este sentido es paradigmática la tarea de las comisiones de negociación en el seno de la Unión Europea. Es tan fuerte su voluntad de acuerdo que en el momento en que se logra alguno, por mínimo que sea, se institucionaliza su contenido y se avanza. Esa ha sido la fórmula para generar -con países tan diversos- un proyecto regional tan “compacto”.
En definitiva, las instituciones públicas que una sociedad logre acordar por sí o a través del impulso de lo político y en todos los casos en consonancia con el proyecto político de bien común, serán la prueba cabal de las potencialidades de esa sociedad en transformación.
5. Las instituciones necesarias
El pensamiento liberal siempre ha hecho hincapié en la importancia de las instituciones intermedias de origen social. Pero nada dice de la necesidad que a veces existe de alentar desde lo político su fundación y desarrollo.
Cuando aquí hablamos de instituciones públicas hacemos referencia no sólo a aquellas que sean dirigidas por el Estado sino también a las que son gestionadas por los propios agentes comunitarios o sociales. En este sentido, una institución intermedia que logra el consenso para convertirse en una institución pública, es más beneficiosa para la comunidad que otras que permanezcan en la esfera privada.
La institucionalización política no supone a las actuales estructuras políticas del Estado occidental moderno. El plano de posibilidad exige un marco institucional dinámico que permita al proyecto actualizarse y renovarse constantemente. Al no pertenecer a la dimensión coactiva del Estado, todas estas instituciones pueden darse el lujo de evitar muchos de los criterios administrativos y de legalidad que a menudo traban las iniciativas públicas. Sin embargo, es necesario cumplir con los requisitos básicos de una institución: objetivos claros, responsables diferenciados con competencias delimitadas, presupuesto y un marco regulatorio mínimo. Los principios republicanos y sus derivaciones también iluminan cualquier institución pública -me refiero a publicidad, periodicidad, responsabilidad, etc-.
Es muy importante traer a colación la defensa que en su momento hiciéramos del principio de subsidiariedad porque en lo que hace al ámbito de posibilidad constituye su principio rector. Como consecuencia, las instituciones que nazcan al amparo de lo político por falta de iniciativa privada, social o comunitaria deben mantener su vocación de subsidiariedad, esto es, de ser administradas y dirigidas con autonomía por los protagonistas en la cuestión política que constituye su objetivo lo antes posible. El hecho de que se constituyan luego como órganos autónomos no les quita, o al menos no necesariamente, su carácter público.
¿Quién establece los criterios para decidir cómo se configura en cada caso este ámbito de posibilidad y cuándo la institución debe crearse, transformarse o convertirse en un órgano autónomo? O lo que es igual ¿quién establece los criterios de oportunidad de semejantes decisiones? Aunque se muera de miedo nuestro corazón liberal debo ser franco: nadie. Serán los mismos dirigentes, en cada caso, los que establezcan cuál es la política correcta. Por eso es tan importante un cuerpo de políticos y dirigentes públicos formados en la prudencia política.
Estructurar este ámbito de posibilidad, someterlo a los rígidos esquemas de legalidad para garantizar que no exista discrecionalidad de parte de estos dirigentes sería cortar de raíz toda "posibilidad" de lograr resultados eficaces.
Sin embargo, existen ciertas condiciones de las instituciones tradicionales del Estado moderno que fomentan, o en su caso inhiben el desarrollo de la interacción comunitaria. En primer lugar, es indudable que es más fácil promover este tipo de interacción en esferas locales/municipales que en espacios más amplios o más complejos (sobre todo cuando la cultura de la interacción todavía no es madura). Y en ese sentido, la gente se sentirá estimulada a participar si ve que el gobierno municipal tiene verdaderos poderes autónomos, y sostiene criterios de transparencia, eficiencia, dinamismo, etc.
Otro tanto, y sólo a modo de ilustración, si existe un poder judicial que garantiza a las personas que sus derechos básicos no se verán decepcionados por este tipo de "construcciones políticas". En definitiva la premisa es que resulta muy difícil avanzar en complejos mecanismos de interacción pública si las condiciones institucionales básicas no son honradas como corresponde.
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